Con el arranque del próximo periodo de sesiones en septiembre, el Congreso mexicano ya tiene claro uno de sus principales objetivos: reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. Esta propuesta, que ha generado debate nacional, encabeza la lista de prioridades legislativas junto a temas como la reforma electoral, ajustes al sistema judicial y modificaciones al sistema de salud.
Desde hace más de 100 años, la Constitución mexicana establece una jornada máxima de 48 horas por semana. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y diversas organizaciones internacionales han señalado que jornadas más cortas están relacionadas con mayores niveles de productividad, bienestar emocional y equilibrio entre la vida personal y laboral.
Instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han impulsado la idea de que reducir las horas laborales no sólo beneficia a los trabajadores, sino que también genera un entorno más competitivo y eficiente para las empresas.
Además, varios países en América y Europa ya han comenzado a implementar este tipo de reformas. Francia, por ejemplo, lleva años aplicando un modelo de 35 horas semanales. En América Latina, naciones como Chile y Colombia han iniciado procesos para acortar sus jornadas laborales de forma gradual.
La propuesta de reducción no busca una aplicación inmediata y radical. De acuerdo con autoridades laborales, se planteó una ruta de implementación por etapas que permita adaptar el cambio tanto a nivel legislativo como empresarial. La idea es que este proceso se desarrolle entre 2025 y 2027.
Etapas de la implementación:
Fase | Año | Cambio propuesto | Acciones esperadas |
---|---|---|---|
I | 2025 | -1 hora | Foros regionales, revisión de contratos existentes |
II | 2026 | -2 horas | Evaluación de productividad en pequeñas y medianas empresas |
III | 2027 | -5 horas (total 40) | Ajustes en la Ley Federal del Trabajo y contratos colectivos |
La estrategia gradual busca dar tiempo a los sectores más sensibles, como el de manufactura o servicios, para adaptarse a la nueva realidad sin que esto represente un golpe financiero.
De concretarse, la reforma impactaría directamente a cerca de 12 millones de personas que actualmente trabajan en el sector formal. De ese total, casi la mitad cuenta con algún tipo de seguridad social, por lo que contar con más tiempo libre significaría también una mejora en su calidad de vida, tanto a nivel físico como mental.
No obstante, no todos los sectores productivos ven esta reforma con buenos ojos. Algunos representantes de pequeñas y medianas empresas han expresado su inquietud por el posible aumento en los costos laborales, especialmente en industrias que dependen de largas jornadas para cumplir sus metas de producción.
Ante ello, la autoridad laboral ha propuesto mesas de diálogo para escuchar las preocupaciones del sector privado y buscar soluciones conjuntas. El enfoque, aseguran, no es imponer una reforma que genere desequilibrio, sino encontrar un modelo que combine bienestar social con viabilidad económica.
Aunque el tema laboral es central, no es el único en la agenda del Legislativo. El paquete de iniciativas para el próximo periodo también incluye:
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado en repetidas ocasiones que la reducción de la jornada laboral es uno de sus compromisos más firmes. Lo incluyó en su lista de 100 objetivos prioritarios para el sexenio, y ha insistido en que el cambio será “progresivo pero sin marcha atrás”.
La propuesta también cuenta con respaldo ciudadano. Según datos presentados por legisladores, más de 400 mil personas han firmado a favor de esta medida en distintas plataformas, lo que refuerza el mandato político y social que impulsa la reforma.
El proceso legislativo arrancará formalmente en septiembre. Se espera que las primeras discusiones se centren en los ajustes iniciales a la legislación laboral vigente, con énfasis en la protección de los derechos laborales y la estabilidad económica de los negocios. Las comisiones de trabajo, seguridad social y desarrollo económico ya han comenzado a recibir análisis técnicos y estudios de impacto.
La reducción de la jornada semanal es parte de una conversación más amplia sobre el futuro del trabajo. Desde la automatización hasta el teletrabajo, el modelo laboral tradicional está cambiando, y México busca no quedarse atrás. El reto será encontrar un equilibrio que modernice las condiciones laborales sin comprometer la viabilidad de los empleadores.
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