El reciente aval del Congreso mexicano a la exención de impuestos para la FIFA y las empresas involucradas en la organización del Mundial 2026 ha generado un debate sobre su impacto económico en el país. La medida, incluida en el artículo 25 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, permitirá que tanto personas físicas como morales, nacionales y extranjeras, no paguen impuestos por actividades vinculadas al torneo.

Si bien el Gobierno federal argumenta que la exención incentivará la llegada de inversiones y turistas, estimando una derrama económica de entre mil 800 y tres mil millones de dólares, sin embargo, el beneficio podría concentrarse en grandes corporaciones internacionales, dejando poco margen para las pequeñas y medianas empresas mexicanas (pymes).

¿Es una incongruencia de otorgar privilegios fiscales a organismos multimillonarios mientras los emprendedores locales enfrentan cargas tributarias cada vez más complejas? Los defensores de la medida aseguran que los beneficios indirectos, como la creación de empleos, la mejora en infraestructura y el incremento del turismo, compensarán el sacrificio fiscal.

Para las empresas mexicanas, la clave estará en integrarse formalmente a la logística del evento, ya que solo quienes demuestren participación directa podrán acceder a la condonación. Sectores como hotelería, transporte, marketing y entretenimiento se perfilan como los más beneficiados.

En un contexto donde México busca posicionarse como destino global y atraer inversión extranjera, la exención a la FIFA plantea una disyuntiva: ¿impulso estratégico al desarrollo económico o desigualdad fiscal disfrazada de oportunidad?